POR EMILIO GODOY

Entre 2019 y 2020, Nancy Martínez vivió cerca de cuatro “mecheros” o quemadores de gas a las afueras de la ciudad de Poza Rica en el estado de Veracruz, a unos 270 kilómetros de la Ciudad de México.

Los quemadores forman parte de una batería de separación, las instalaciones que procesan el petróleo que se extrae de pozos aledaños. Cuando se separa el petróleo en aceite, gas, agua y materia sólida, uno de los subproductos es el metano (CH4), un gas inflamable que se quema en estos mecheros, ya que no existe la tecnología para capturarlo. 

Ardían durante todo el día. El mechero más grande tenía una flama más intensa durante la noche, al grado que se podía sentir el calor y se podía escuchar el soplido. Olía muy feo, a putrefacción, aunque uno se cubriera la boca y la nariz.

Nancy Martínez

El metano provoca al menos una cuarta parte del calentamiento global actual, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posee 86 veces más poder de absorción de calor que el dióxido de carbono (CO2) en un lapso de 20 años, por lo cual calienta más la atmósfera, aunque su permanencia dure menos que el CO2. El metano procede de la explotación de hidrocarburos, la ganadería y la descomposición de la basura orgánica en vertederos.

De día, la chimenea mancha el cielo y de noche, salpica la oscuridad con sus llamas. Los lugareños padecen males respiratorios, como le ocurrió a Martínez, asmática desde niña, y quien sufría jaquecas a menudo. “Se agravó durante el tiempo que viví allí, sentía que me faltaba el aire”, asegura.

En Poza Rica, que tiene más de 189.000 habitantes y docenas de pozos petroleros, el metano reside en cada esquina. En todo el país, el gas supone una amenaza para aún más personas, para el medio ambiente y para los compromisos climáticos internacionales de México. A pesar de una serie de compromisos de alto nivel que apuntan a la reducción de las emisiones de metano para 2030, incluyendo su contribución determinada a nivel nacional (NDC) en el Acuerdo de París y el recientemente firmado Compromiso Global del Metano, México se ha mantenido entre los mayores emisores del mundo del gas, y se está retrasando en el trabajo hacia sus objetivos.

Un camino difícil

En 2020, México exhaló más de un millón de toneladas de metano, según el Monitoreo de Metano de la Agencia Internacional de Energía, organismo internacional que asesora a los gobiernos en cuestiones energéticas. Esto posiciona al país dentro de los emisores de metano más grandes del mundo. Pero, a pesar de los compromisos internacionales asumidos, México enfrenta obstáculos para cumplir esas metas a 2030.

Anaid Velasco, coordinadora de investigación de la ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explica que existen varias formas para reducir las emisiones: por vías tecnológicas, instrumentos jurídicos y normas. Pero, para esto, se necesita superar las limitaciones actuales: el retraso de la aplicación de las reglas y el énfasis en el sector hidrocarburos. Además, las formas de medir y calcular las emisiones de metano actualmente se consideran inadecuadas.

En los Estados Unidos, el plan de acción sobre el metano de la Casa Blanca, publicado en noviembre, incluye incentivos financieros para que los emisores reparen las fugas de metano. En México, no existen estos incentivos y la situación parece ser peor que la que indican las mediciones oficiales. A partir de captaciones satelitales y aéreas durante 2018 y 2019, un equipo de la agencia no gubernamental con sede en Nueva York, el Fondo para la Defensa del Ambiente (EDF, en inglés) concluyó que es probable que la producción de petróleo y gas en el país emita más metano de lo que informa de manera oficial, lo que pone de manifiesto que estos inventarios se basan en cálculos genéricos no localizados para México.

La EDF también descubrió que este país latinoamericano lanza 4,7% del gas que produce a la atmósfera, tasa superior a la de los Estados Unidos de 2,3% y una vez descrita como “alarmante” por un científico que participó en el estudio.

Pero, las promesas de reducción de alto nivel han llegado, aunque no las acciones necesarias. Desde 2015, México, uno de los 15 mayores productores de petróleo y gas en el mundo, se comprometió a reducir los niveles de metano, sin éxito. Primero, asumió la baja de 25% de ese gas en 2030 en fugas, venteo y quema, frente a las emisiones de 2013, en la NDC, las metas climáticas voluntarias para cumplir con el Acuerdo de París.

Luego, acordó en 2016 con Canadá y los Estados Unidos el acotamiento del CH4 de hidrocarburos en un rango de 40-45% para 2025, en comparación con las mediciones de 2012. En los Estados Unidos, ese plan quedó detenido por la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y México hizo poco para mitigar esa contaminación. Trump revirtió varias políticas ambientales vigentes, entre ellas la regulación del metano, mientras México sólo diseñó la normativa.

En noviembre del año pasado, los presidentes de los tres países revivieron ese pacto durante la Cumbre de Líderes de América del Norte y por el cual se comprometieron a reducir la contaminación de todos los sectores, especialmente de gas y petróleo.

Ese arreglo se expandió durante la cumbre climática COP26 de Glasgow, Escocia, de noviembre pasado, cuando se lanzó el Compromiso de Metano, para decrecer esas emanaciones en 30% en 2030, en comparación con 2020. Pero, los avances hacia estos compromisos se han visto frenados. 

El regazo de los compromisos del metano

Los productores públicos y privados de petróleo y gas debían presentar este mes sus planes para el plan gubernamental de “Prevención y Control Integral de las Emisiones de Metano”. Mientras el vencimiento del plazo de entrega se acerca, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el supervisor mexicano, aún no los ha recibido, según solicitudes de acceso a información pública realizadas por Diálogo Chino. Esto es así a pesar de que dichos planes están estipulados en la normativa nacional para los productores, incluso para la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Pemex y tres de sus filiales aún no han presentado sus estrategias.

Estos programas incluyen la medición de emisiones de CH4 y medidas para prevenir el escape del gas en la infraestructura gasera y petrolera.

Aprobada en 2018, ASEA postergó por 19 meses en junio de 2020 la aplicación de la regulación bajo el pretexto de las limitaciones ocasionadas por la pandemia de coronavirus.

Jonathan Banks, director internacional para metano del no gubernamental Grupo de Trabajo sobre Aire Limpio –basado en Boston, Estados Unidos–, plantea que México aplique la regulación. El freno a las fugas, la quema y el venteo “no son caros y son lo más barato para reducir emisiones. México tiene que destinar dinero a esas medidas. Hay muchos beneficios en disminuir esa contaminación”, argumenta para Diálogo Chino.

Aunado a ello, la combustión y venteo implican pérdidas anuales por unos US$ 200 millones y que pueden evitarse con un aumento de la inversión en la tecnología existente para atraparlo y usarlo en procesos industriales, según EDF.

Velasco y Martínez piden actuar contra el CH4. “No se pueden permitir más dilaciones, sobre todo en un contexto en el que tanto la emergencia climática como los compromisos internacionales recientemente asumidos, llaman a México a ser más responsable y más serio en el cumplimiento. Otra medida tiene que ver con la disminución de emisiones de los otros sectores”, sugiere Velasco.

Nancy Martínez vivió de primera mano el aire contaminado de metano en Poza Rica y eventualmente decidió cambiar de residencia a una parte diferente de Poza Rica, lejos de la planta. Su salud mejoró pero la población local parece condenada a convivir entre pozos y contaminación. Por eso, Martínez reclama la aplicación de las normas. 

“Va a estar difícil que quiten los pozos, pero las autoridades pueden regular mejor a las empresas”, comenta.

Este artículo de Emilio Godoy apareció originalmente en Diálogo Chino y se volvió a publicar bajo una licencia de Creative Commons.

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