POR KARINA GODOY

El viento norte roza el rostro moreno de doña Antolina González. La piel curtida por el sol y callos en los pies reflejan la larga andanza de lucha y resistencia. Mientras camina sobre la tierra colorada, en una tarde de septiembre, esta cruje con cada pisada, como signo del déficit de lluvia que golpea a su comunidad indígena Ypetî Tajy, del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en el Departamento de Caazapá, Paraguay. 

A medida que se aleja de la vivienda, el paisaje de vegetación cambia por uno homogéneo, de miles de hectáreas de cultivo mecanizado: trigo, maíz y avena. En otras temporadas, la soja se impone. Las plantaciones se ven hasta varios kilómetros por el área despejada.

Cultivo de avena utilizado como abono verde sobre el cual se sembrará soja, trigo o maíz. Es colindante a la propiedad indígena. Crédito: Karina Godoy.

La mujer se detiene justo en el límite de la propiedad de los indígenas y se inicia el cultivo a gran escala. En el tramo, no existe barrera verde de protección. El cultivo, en ese periodo del año, era avena, utilizado como abono verde sobre el cual luego se siembra soja, maíz o trigo.

En manos extranjeras

“Aquí, está pegado por nuestra línea el cultivo de los brasileros que no cuidan para fumigar. Cuando tiran el veneno, no respetan el viento fuerte y eso va hacia la comunidad. Tiene muy mal olor, es muy fuerte y nos preocupa. Deben proteger, si van a cultivar soja, por ejemplo, deben plantar vegetación, por lo menos unos 25 metros ya nos va a componer. Pero, ellos casi entran en nuestra línea”, expresa. En el tono de su voz se percibe indignación.

El estudio Extranjerización del Territorio Paraguayo, de 2009, de Marco Glauser, indica que por lo menos 7.889.128 hectáreas del país están en manos extranjeras, equivalentes al 19,4% del territorio nacional. El observatorio rural De Olho nos Ruralistas publicó, en 2017, que los propietarios brasileros tienen el 14% de las tierras en el Paraguay.

Doña Antolina avanza unos metros más y observa parte de su plantación ya seca:

Estas ramas planté en nuestra línea, para que el veneno no pase. Y también, con ello, poder alimentar a mis animales, como cerdos. Pero, cuando ellos fumigan, destruyen nuevamente la planta.

Indígenas temen que el valioso recurso hídrico que cruza la propiedad sea degradado. Crédito: Karina Godoy.

Vuelve a emprender la marcha, y el suelo empieza a tener una pronunciada pendiente. Frente a ella, en el horizonte, se inicia una de las pocas vegetaciones del entorno. A medida que ingresa hacia el pequeño bosque, se escucha el sonido del arroyo que fluye con calma. 

La acompañan otros pobladores que, de a uno, descienden e ingresan al agua, hasta la altura de las piernas. Con las manos, llevan el agua hasta el rostro para refrescarse luego de la caminata en una tarde calurosa. El cauce tiene un aspecto claro, la vegetación se refleja en él.

Pero, no todo es armonía. El arroyo tuvo un importante descenso, no solo por la sequía, consideran los moradores, sino porque las nacientes se encuentran en la propiedad de los productores y no todas están protegidas.

Este arroyo bajó mucho. Nos preocupa, parece que va a desaparecer. Los sojeros destruyen las nacientes y esta agua puede terminar (…) También cuando llueve, aquí cae el veneno de la fumigación.

Doña Antolina González
Doña Antolina comenta que las ramas que cultivó se secaron tras las fumigaciones. Crédito: Karina Godoy.

En el último censo de pueblos indígenas, en 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) reportó que 109 comunidades declararon fumigación con agroquímicos, 101 señalaron que existe contaminación de corrientes de agua y 134 consideraron una disminución significativa de animales silvestres.

En Paraguay, habitan alrededor de 117.150 personas indígenas, pertenecientes a 19 pueblos y 493 comunidades.

Alquiler del territorio ancestral

Una de las pocas masas boscosas que quedan en Caazapá es la de la comunidad de Ypetî, donde se encuentra doña Antolina. Pero, la cerca avanza hacia el pueblo. Uno de los principales problemas es que varios miembros ya decidieron alquilar parte de la tierra ancestral, ante las necesidades económicas y falta de políticas públicas que no llegan a la mayoría de los pueblos indígenas del país.

El pueblo Mbya Guaraní de esta comunidad cuenta con 1.526 hectáreas, de las cuales estiman que cerca de 150 hectáreas de bosque ya fueron alquiladas.

“Somos muchos en la comunidad y tenemos parte de nuestra gente que fue convencida para ceder las tierras en alquiler. Intentamos atajar, pero no nos ayudaron las autoridades, los fiscales, los policías. Nosotros aquí, los que estamos en esta punta, nos resistimos. Queremos conservar nuestro bosque”, relata el líder indígena Jorgelino Villalba. 

Comunidad indígena pide que se respeten las barreras verdes de protección y una parte de ella rechaza el alquiler de territorio. Crédito: Karina Godoy.

La cultura aún fortalecida, las creencias ancestrales ayudan aún a resistir al pequeño grupo, añade Jorgelino. No obstante, sienten la desprotección del Estado, y las presiones no cesan. “Ahora estamos tranquilos, aparentemente, pero siempre hay advertencias de que los productores, que tienen cooperativa, con dinero van a lograr entrar, que no los vamos a poder atajar.”

Esta problemática del pueblo, también se vive en otros territorios indígenas a nivel nacional. El último censo de 2012 reveló que de las 493 comunidades, 182 alquilan o prestan su tierra a terceros; esto equivale al 36,9%.

Derechos sin respaldo

Si hablamos de derechos del indígena, de leyes, todo es muy lindo. Pero, cuando reclamamos que se cumplan, no nos hacen caso. Eso es lo que vemos en nuestra zona. Los sojeros con dinero, que trabajan en sociedad, tienen apoyo del intendente, del gobernador, de fiscales, de policías. Son todos sus amigos. Pero, si nosotros vamos a reclamar, no nos hacen caso, porque no tenemos dinero.

Jorgelino Villalba, líder indígena.

En la Constitución Nacional, en el apartado “De los Pueblos Indígenas”, el artículo 64 establece que el Estado proveerá gratuitamente tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.

La poca masa boscosa que queda en la zona es la que conserva la comunidad indígena a la que pertenece doña Antolina. Crédito: Karina Godoy.

En el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley Nº 904/81, su artículo 17 señala: “La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescrita ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte”.

En la práctica, no existen controles sostenidos para impedir esta situación.

Avance de la soja

“Los sojeros, de modo a burlar la normativa que prohíbe el alquiler de tierras indígenas, lo hacen a través de ‘contratos de prestación de servicios’ o de ‘parcería’. Al no mencionar las palabras ‘arrendamiento’ o ‘alquiler’, maquillan con otro nombre la situación real”, describen Marcelo Bogado, Rafael Portillo y Rodrigo Villagra en el estudio Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay.

Y explican también que: “Las tierras habitadas por pueblos indígenas comenzaron a sufrir la deforestación en la década de los ’70s para la producción agrícola extensiva, intensificándose con el tiempo. Actualmente, el rubro de la soja es el más producido y con mayor impacto en las comunidades de la Región Oriental”.

Jorgelino Villalba, líder indígena, grafica las nacientes de arroyos que se encuentran en área de  monocultivos. Crédito: Karina Godoy,

El total de superficie del cultivo de soja llegó en 2021 a 3.701.631 hectáreas, según el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO). La producción se triplicó en los últimos 25 años. La zafra de 1996-1997 comprendía 1.050.000 hectáreas, de acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Esta oleaginosa posiciona a Paraguay como el sexto mayor productor a nivel mundial y el cuarto en la categoría de exportadores.

Escasas investigaciones

En el país altamente agroexportador no existen muchas investigaciones sobre el impacto de agroquímicos en la salud. Esto, a pesar que los datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) reportan una importación total de 54.189 toneladas de productos fitosanitarios en 2020. El 63% corresponde a herbicidas con 34.144 toneladas; en este grupo se encuentran algunos de los agroquímicos más utilizados como: Glifosato, Paraquat, 2 4D, Diquat.

En un primer estudio de la pediatra y docente Stela Benítez Leite, en 2007, los resultados mostraron asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, en el Sur de Paraguay.

En 2018, la doctora presentó otra investigación en la que se detectaron daños en el ADN de 43 niños que viven cerca de cultivos de soja, a diferencia de 41 chicos de una comunidad certificada por el no uso de plaguicidas.

Límite entre la propiedad indígena y territorio de monocultivo donde no existe barrera verde, exigida por ley, cuando existe asentamiento humano. Crédito: Karina Godoy.

Cuando existe daño en el material genético, explica Benítez Leite, las células pueden repararse, pero también pueden mutar hacia enfermedades que afectan el neurodesarrollo e incluso estar relacionadas con mal de Parkinson, diabetes y hasta cáncer. O también se puede transferir a las generaciones futuras, ocasionando malformaciones o abortos espontáneo.

Tras estos hallazgos, los representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su mayoría de gremios del sector productivo, resolvieron frenar las investigaciones con resultados que consideraban “deficientes”, como este estudio financiado por el ente, lo que generó el rechazo de la Sociedad Científica del Paraguay.

Fumigaciones

El Senave es la autoridad de aplicación de la Ley de Control de Productos Fitosanitarios. En ella se establece que, en aplicación terrestre, se debe fijar una franja de protección de 100 metros entre el área a fumigar y todo asentamiento humano, y entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de agua natural. A su vez, no se debe realizar aplicación cuando la temperatura es superior a 32ºC, humedad relativa inferior a 60% o velocidad de viento superior a 10 km/h. 

Los cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, deberán contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. De no existir dicha barrera viva, se dejará una franja de 50 metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicida.

“Si uno aplica en condiciones no óptimas, se pierde producto. Entonces, el objetivo de controlar las plagas no se va a lograr. El agricultor, desde el punto de vista de la eficacia y evitar posibles contaminaciones, va a respetar las condiciones  atmosféricas”, argumenta Cristhian Marecos, jefe de la oficina regional del Senave.

Niños de la comunidad Mbya Guaraní en medio de la inmensidad del cultivo mecanizado. Crédito: Karina Godoy.

La cantidad de funcionarios distribuidos por departamentos, cuatro a cinco en promedio, es poca para las distintas misiones del ente. En la institución, no figuran sumarios abiertos este año por irregularidades sobre fumigaciones.

En 2019, de 327 centros educativos rurales analizados, se encontró que 48 estaban a menos de 200 metros de cultivo y 51 a menos de 100 metros, según el estudio Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de contaminación ambiental.

En el informe del Senave sobre cumplimiento de franjas verdes cerca de 258 escuelas, se concluye que todos los cultivos están en regla. En otro documento de 2021 aparecen verificaciones en asentamientos en general, pero ya no se describe si se encontró o no irregularidad. Ante insistencias, la institución remitió el dato “de que todas están en regla”.

Autoridades se llaman al silencio

La ausencia de barreras verdes en los cultivos colindantes, denuncia de alteración de cauces, desmontes, falta de titulaciones y hasta episodios de desalojos son constantes en las comunidades indígenas del país. A ello se le suma que en la mayoría de las comunidades no existen servicios básicos como el agua potable.

Durante varias semanas, se intentó tener la versión de representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Instituto Forestal Nacional (Infona), pero se llamaron al silencio.

En  el momento de elaboración de este reportaje, Edgar Olmedo era el presidente del INDI. No contestó las llamadas y las veces que se lo buscó en la oficina estaba de viaje. Se recurrió al portal de solicitudes que obliga a las instituciones públicas a responder en un plazo de 15 días hábiles, pero el pedido fue denegado, infringiendo la Ley 5282 de Libre Acceso a la Información Pública.

Territorio indígena de la comunidad Mbya Guaraní de donde extraen plantas medicinales. Afirman que los animales silvestres para el consumo disminuyeron. Crédito: Karina Godoy.

En el Infona, no son visibles en la página web los mapas de deforestación. Tanto la presidenta del ente, Cristina Goraleski, como los directores de varias áreas no dieron declaraciones.

En el informe de la institución, entre 2014 y 2015, figura que la cobertura forestal fue de 16.623.000 hectáreas. En marzo de este año, Goraleski comentó al diario Última Hora de Asunción que a nivel país, la cobertura forestal total era de 15.117.473 hectáreas hasta 2019. Es decir, 1.505.527 hectáreas menos.

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), los datos a los que se tuvo acceso sobre cambio de uso de suelo sin permiso, sean desmontes o remociones, solo son hasta 2019. En la región Oriental, donde rige la Ley de Deforestación Cero, se reportaron 4.134 hectáreas transformadas, entre 2018 y 2019. En Occidental, Chaco, se registran 205.723 hectáreas.

Desprotección

En el Paraguay, aún no se concretan mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que se exponen a amedrentamientos. Si se trata de comunidades indígenas, la vulnerabilidad es aún mayor, ya que sufren discriminación estructural por falta de acceso a derechos básicos, considera Maximiliano Mendieta, abogado y consultor de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI). Y afirma:

Los indígenas viven y sobreviven desde y para sus tierras, que ahora tiene un enfoque profundamente comercial y va en contra de la cosmovisión. Tampoco hay políticas públicas importantes con enfoque intercultural, porque colisionan con la visión económica, el monocultivo, la deforestación irracional…

Para personas indígenas como doña Antolina, los recursos naturales son claves para sobrevivir. “Vemos con nuestros propios ojos cómo destruyen la tierra. La tierra es nuestra madre, a través de ella existen los árboles y mediante estos el agua. Estos tres recursos no pueden separarse porque no estarán fortalecidos. Si ellos desaparecen nosotros también acabaremos”, concluye mientras sale del curso hídrico y escala la pendiente. 

Se apresta para caminar nuevamente a la vera del cultivo mecanizado y luego sumergirse en su comunidad, entre árboles nativos y una reducida población que todavía resiste a la transformación del territorio ancestral.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Y fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.

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