La transición energética hacia energías renovables permite reducir las emisiones para así darle un respiro al planeta y garantizar la vida. Pero, su implementación no puede replicar los modos de las energías fósiles. Es por ello que se requieren salvaguardas que garanticen los derechos de las personas y los territorios.
Las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones son tan sólo las manifestaciones de un planeta cada vez más caliente. Pero, la causa detrás de estas manifestaciones yace en una atmósfera saturada de gases de efecto invernadero (GEI) que impiden que la radiación solar salga al espacio exterior. Por si esto no fuera suficiente, nuevas emisiones contaminantes siguen acumulándose, formando una especie de manta que suma grados a la temperatura promedio de la Tierra.
La forma más eficaz de abordar este calentamiento es limitando la llegada excesiva de nuevos GEI. En este sentido, y con tal de empezar a estabilizar el clima, se debe reducir el 42% de las emisiones anuales antes de 2030 y el 57% para 2035, en comparación con los niveles de 2019, según el informe Brecha de Emisiones 2024.
¿Por dónde empezar? El sector energético –que incluye la producción de electricidad, la calefacción de los hogares y el transporte– es el responsable de aproximadamente el 73,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Como es el sector más grande en emisiones, es fundamental que los países lo prioricen en las medidas de reducción para limitar el calentamiento.
¿Qué es la transición energética?
Calentar las casas, producir electricidad para hogares e industrias y los millones de viajes que hacen autos y transporte público han dependido en sobremanera de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), fuentes energéticas responsables de aproximadamente el 75% de las emisiones. De allí que se hable de transición energética, la cual implica pasar de un sistema dominado por esos combustibles a uno que prioriza las fuentes de generación de energía renovable como el agua, el sol, el viento y la geotermia.
Ahora bien, la transición energética no sólo contempla un cambio tecnológico. El proceso debe garantizar prosperidad para todas las personas y no causar perjuicio a sus derechos.
“No se trata sólo de crear condiciones para el recambio tecnológico, se trata de que la transición energética sea una herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida y acceso a oportunidades para todas las personas”, dijo Sandra Acevedo, coordinadora de la Alianza Potencia Energética.
En otras palabras, la transición energética debe ser justa y las salvaguardas son la herramienta que lo posibilitan.
¿Por qué es necesaria una transición energética justa?
Una transición energética justa busca que los beneficios y los costos de ese recambio se distribuyan de forma equitativa, reduciendo las desigualdades en vez de exacerbarlas. Consiste en tener presente la justicia ambiental y climática, garantizando que los derechos humanos estén presentes en todos los procesos: desde la construcción y operación de plantas de energía renovable; pasando por la producción y obtención de bioenergía; la transmisión de electricidad; y la fabricación de equipos; hasta la gestión de residuos y su disposición final. Y algo fundamental: la escala de los proyectos.
Lamentablemente, algunos proyectos de energías renovables han seguido el modelo de los combustibles fósiles en perjuicio de comunidades y territorios. Por ejemplo, la implementación de algunos proyectos ha llevado a reasentamientos involuntarios, ya sea mediante el desplazamiento físico (reubicación o pérdida de la vivienda) o económico (pérdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia).
En otros casos no se han dado los procesos de consulta con las comunidades o estos no han sido suficientes para evacuar sus dudas. Algunos incluso han limitado el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) consagrado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989. El CLPI obliga a los Estados firmantes a consultar a los pueblos indígenas y tribales cualquier decisión que pueda afectar directamente sus medios de vida; también exige proteger y respetar sus valores y prácticas, incluida la autodeterminación para vetar cualquier proyecto (incluso los de energías limpias).
Algunos proyectos se han limitado a realizar el cambio tecnológico sin contemplar cómo las comunidades convivirán con este. Tampoco se les ha capacitado a los comunitarios en la instalación y mantenimiento de la tecnología, lo que hace que esta sea una solución temporal, más no estructural.
Asimismo, existen proyectos cuyo fin es proveer de energía renovable y limpia a la sociedad, pero lo hacen a costa de los territorios donde se instalan los paneles o las turbinas, ya que la forma en que se diseñó esta instalación es excluyente y limita el acceso energético de los propios territorios. En otras palabras, estos sitios producen electricidad para otros lugares, pero viven en pobreza energética.
Otros proyectos de renovables juegan en contra de la biodiversidad, perjudicando ecosistemas y especies que a su vez proveen servicios ambientales a las comunidades circundantes.
Para evitar estas situaciones es necesario, por un lado, que los inversores garanticen que las empresas asuman compromisos públicos para garantizar los derechos humanos. Las compañías, por su parte, deben adoptar y aplicar normas a lo largo del ciclo energético que respeten los derechos de las personas y los territorios; mientras que los gobiernos no sólo deben crear este marco normativo sino también fiscalizar su cumplimiento.
¿Qué son y cómo funcionan las salvaguardas ambientales y sociales?
Justamente, las salvaguardas son medidas que procuran proteger de daños, peligros o riesgos. “Son recomendaciones o directrices diseñadas para reducir los impactos negativos, empoderar a las personas y promover el bienestar de la sociedad y el medio ambiente”, define Nordeste Potencia, iniciativa participativa que promueve la transición energética justa en Brasil.
Nordeste Potencia prosigue:
“Sólo con estas medidas podremos contar con una generación de energía que sirva de catalizador para el desarrollo local, en lugar de una sentencia condenatoria para las comunidades que más adelante necesitarán el apoyo del gobierno. Una implementación descuidada podría relegar a un territorio a ser un mero proveedor de energía para el mundo, lo que agravaría las desigualdades regionales e históricas del país”.
Ejes temáticos de las salvaguardas
En un informe del Fondo de Defensa Ambiental se proponen cuatro ejes temáticos básicos que deben contemplar las salvaguardas de transición energética justa, a saber:
1. Consulta a la comunidad: antes de iniciar cualquier proyecto, se les pide opinión y se escucha lo que tienen que decir las comunidades locales, tanto sus preocupaciones como expectativas.
2. Protección del medio ambiente: el objetivo general es la sostenibilidad del planeta y la supervivencia de la humanidad; por lo tanto, se debe dar prioridad a las prácticas que protegen los hábitats naturales y la biodiversidad.
3. Derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales: se respetan los derechos y las culturas de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Al incorporar los conocimientos tradicionales en las evaluaciones ambientales, se pueden desarrollar prácticas innovadoras y sostenibles que también preservan el patrimonio cultural.
4. Participación inclusiva: todas las partes interesadas tienen un lugar en la mesa. Desde la planificación hasta la ejecución, se debe asegurar que las iniciativas se basen en perspectivas diversas. Esta inclusividad refuerza el diseño de los proyectos y fomenta un apoyo más amplio, lo que hace que las iniciativas sean más resilientes y tengan un mayor impacto.
Cinco formas de justicia que deben estar presentes en la transición energética
Por su parte, Miquel Muñoz Cabré y José Vega-Araújo, investigadores del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI), enumeran cinco formas de justicia que deben estar presentes en la transición energética justa e incluso podrían ser punto de partida para la formulación de salvaguardas:
1. Justicia distributiva: se ocupa de la distribución de los costos y beneficios de la transición energética, por ejemplo, la gestión de los ingresos, las repercusiones sociales y medioambientales, las cuestiones relacionadas con los impuestos y la transparencia.
2. Justicia procesal: abarca la idea del debido proceso, la buena gobernanza y el Estado de Derecho a diferentes niveles en relación con los proyectos y sistemas energéticos y su transición.
3. Justicia de reconocimiento: se centra en la protección y reconocimiento de los derechos e identidades de los diferentes grupos de la sociedad, especialmente los vulnerables e históricamente marginados, entre ellos: los pueblos indígenas. También incluye nociones emergentes como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de las entidades no antropocéntricas.
4. Justicia restaurativa: destaca la necesidad de apoyar a las víctimas de actividades perjudiciales y devolverlas a su condición original. En el contexto de la transición energética incluye la restauración de los daños pasados y presentes asociados a los combustibles fósiles y otras formas de energía, y la implementación de mecanismos restaurativos como pilar fundamental de los nuevos proyectos y sistemas energéticos. Los aspectos específicos incluyen el desmantelamiento responsable y los planes de restauración de los medios de vida.
5. Justicia cosmopolita: se centra en el efecto transfronterizo de las injusticias causadas o acentuadas por la toma de decisiones en alguna parte del mundo, y cuyas consecuencias van más allá de ese lugar.
Nordeste Potencia ya desarrolló su compendio de salvaguardas –generadas con las organizaciones sociales– para la región norte de Brasil. Se incluyeron medidas para los contratos de transferencia de uso del suelo y servidumbre, así como para la concesión de licencias de generación y transmisión de energía.
También hay salvaguardas para políticas públicas y medidas complementarias a las licencias ambientales y otras que abordan temas específicos como género y sus interseccionalidades.
Por su parte, Alianza Potencia Energética está trabajando en su compendio de salvaguardas con foco, primero, en Colombia y Chile para luego abarcar a otros países de América Latina.
