Periodistas y comunicadoras mesoamericanas se reunieron en torno a temas de seguridad y cuidado. Las herramientas compartidas serán útiles en el ejercicio de informar sobre la crisis planetaria.
Visibilizar lo que ocurre en los territorios latinoamericanos a nivel social y ambiental requiere que periodistas y comunicadoras trabajen en entornos propicios y seguros, algo que no es la norma en la actualidad. Sólo a partir de ello será posible construir narrativas que aboguen por la protección de las personas que, día a día, luchan por defender los derechos humanos de sus comunidades.
Bajo esta premisa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con apoyo de Periodistas por el Planeta (PxP), organizó el encuentro “Seguras, vocales y valientes”, que reunió a 15 periodistas y comunicadoras de Mesoamérica en la ciudad de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.
“Nos reunimos para mapear los riesgos de la profesión, así como sentir y pensar alternativas ante los desafíos de la emergencia civilizatoria y los procesos de desplazamiento”, resumió una de las asistentes.
El encuentro se dirigió a periodistas y comunicadoras que reportean sobre cuestiones socioambientales, particularmente el desplazamiento de personas como consecuencia del cambio climático. ¿Por qué sólo mujeres? Precisamente porque se identificó que existe una diferenciación de género en las amenazas.
Las defensoras, por ejemplo, no sólo abogan por una causa ambiental o social, sino que —por el sólo hecho de manifestarlo públicamente— están desafiando al patriarcado. Esto las hace doblemente vulnerables a los ataques. Las periodistas también son amenazadas porque, al dar a conocer estas historias, están contrariando a las estructuras de poder que prefieren mantenerlas en silencio.
Seguridad en territorio, cada vez más urgente
En 2021, y según Global Witness, 200 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas. Eso es, en promedio, unas cuatro personas por semana. México es el país con el mayor número de asesinatos, con un total de 54 muertes registradas ese año. Le siguieron Colombia, con 33, y Brasil, con 26.
De los 10 países con mayor cantidad de defensores asesinados, sólo tres no pertenecen a América Latina. Aparte de México, Colombia y Brasil, que lideran, se encuentran Nicaragua (15 asesinatos), Honduras (ocho), Perú (siete), Guatemala y Venezuela (cuatro cada uno).
En muchos de estos casos, la muerte es la culminación de una serie de ataques que incluyen intimidación, difamación y criminalización, así como abusos o agresiones sexuales. Y más de tres cuartas partes de todos los ataques registrados ocurrieron en América Latina.
En el marco de las conversaciones en torno al Acuerdo de Escazú (que pone el foco en la defensa y el resguardo integral de los defensores) se ha llegado a identificar que los agresores —tanto estatales como privados— también despliegan tácticas más sutiles como legislaciones que criminalizan la protesta pacífica; el uso de acciones judiciales y otras formas de acoso judicial; campañas de desinformación, infiltración de comunidades y movimientos sociales; vigilancia ilegal y campañas de desprestigio.
Asimismo, personas cercanas a los defensores —sus familiares, por ejemplo— suelen ser objeto de represalias. Todo ello con tal de silenciarlos. También se han llegado a identificar ataques diferenciados a grupos específicos, incluidas las mujeres, ya sea de manera directa por su activismo o por su relación con un defensor.
En el caso específico de las mujeres defensoras, su sola presencia suscita una mayor hostilidad porque se desafían simultáneamente una serie de normas culturales, religiosas y sociales. Es decir, su activismo en sí mismo está desafiando el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, entre otros.
“La hostilidad, el hostigamiento y la represión que afrontan las defensoras asumen una modalidad específicamente relacionada con el género, que va desde la agresión verbal hasta el acoso y violación sexual, tanto por agentes del Estado como por colegas, vecinos, parejas y familias”, se lee en el Índice temático del Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales del Acuerdo de Escazú.
Las periodistas no son ajenas a esta realidad. Según UNESCO,
“las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación a nivel mundial enfrentan crecientes ataques fuera de línea y en línea y son objeto de amenazas desproporcionadas y específicas. La violencia por razón de género a la que están expuestas abarca la estigmatización, el discurso de odio sexista, el trolling, la agresión física, la violación e, incluso, el asesinato”.
Seguridad física y digital
En 2019 y 2020, UNESCO estuvo al frente de un proyecto pionero sobre violencia de género digital en siete países de América Latina. Su principal conclusión: los ataques en redes sociales y otros medios digitales provocan que muchos periodistas se autocensuren.
El 68% de las personas encuestadas (hombres y mujeres) dijo haber restringido la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales, incluso retirándose de estas o dejando de publicar sobre temas que pudieran generar ataques.
“Esta vulneración de la libertad de expresión de periodistas tiene consecuencias para el resto de la sociedad, ya que retirarse de las redes sociales —aunque de forma temporal o selectiva— silencia las voces de la esfera pública.”
Estudio UNESCO
También se observó que esa violencia digital a menudo venía acompañada de ataques en otros lugares, ya fuera a través de sus teléfonos o cuentas de correo, como en sitios públicos.
En el caso de las mujeres periodistas, el 5% de las encuestadas comentó haber sido sometida a acoso sexual basado en la tecnología. Ninguno de los hombres encuestados dijo haber pasado por lo mismo.
Tanto para las defensoras como para las periodistas y comunicadoras es esencial poder desenvolverse en entornos seguros, es decir, ambientes libres de cualquier tipo de amenazas, riesgos o ataques. Los entornos deben ser propicios para que puedan ejercer libremente el derecho a defender sus derechos y ejercer su oficio sin temor a represalias.
“La seguridad debe tener una perspectiva integral y holística, es decir, contemplar elementos de distintas áreas, su interrelación e interdependencia, debe considerar la promoción de políticas de derechos humanos, capacitación de las y los funcionarios públicos, fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos, mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas, e instituciones con capacidad de recibir y atender denuncias de manera efectiva.”
UNESCO
Construir entornos seguros conlleva considerar elementos individuales y colectivos, y debe considerar también el escenario digital.
Seguras, vocales y valientes
El encuentro en Costa Rica propició el intercambio de experiencias entre las participantes. “Lo que más me gustó fue conocer las realidades de otras mujeres periodistas para construir espacios seguros en los cuales resistir y ser valientes”, expresó una de ellas.
“La libertad de prensa es un derecho humano y es fundamental para la existencia plena de una democracia. Por tanto, las mujeres periodistas son defensoras de los derechos humanos, así que reconozcamos y asumamos que somos defensoras por la función que realizamos”, subrayó Seidy Salas de CEJIL.
Además, agregó, los derechos humanos están interconectados con los derechos de la naturaleza. La propia labor informativa que realizan las periodistas y comunicadoras evidencia esa interconexión.
El encuentro contó con la guía de Fundación Acceso, Mujeres Fuertes y Biomujeres, organizaciones que compartieron sus conocimientos en el tema. “Las herramientas de cuido y seguridad son clave para la cobertura periodística que realizamos las mujeres en los territorios”, comentó una de las asistentes, en tanto otra señaló: “Fortalecimos capacidades en periodismo ambiental para contar historias sobre movilidad humana, cambio climático y seguridad”.
Otra sintetizó su experiencia en el encuentro en la siguiente frase:
“De Mesoamérica para el mundo: los conjuros que construimos hoy nos permiten resistir para escribir historias que den esperanza”.
