La movilización de dinero del mundo desarrollado al mundo en desarrollo será el eje transversal en las discusiones de la próxima conferencia climática COP28, un tema que América Latina sigue de cerca.
Por TAIS GADEA LARA
La intensa sequía iniciada en 2019 en América del Sur implicó, sólo para la producción de soja en Argentina, una reducción del 54,3%. Siendo el desastre más común en la región, las inundaciones han causado, en 12 ocasiones desde el año 2000, más de 1000 millones de dólares en daños totales. El cambio climático es, para América Latina, un asunto económico.
Las transiciones en el sector energético, en la agricultura y ganadería, en el manejo de la deforestación… suponen inversiones que no se tienen en una región con países que enfrentan abultadas deudas externas. El cambio climático es, para América Latina, un asunto económico.
También lo está siendo, con múltiples dificultades, para la política internacional.
La 28° edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) que iniciará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el próximo 30 de noviembre, y que buscará avanzar en la implementación del Acuerdo de París, tendrá al financiamiento como el articulador clave para llegar a buenos resultados o como el obstáculo central que impedirá avanzar en la necesaria acción.
El mundo desarrollado llegará a Dubái como el principal responsable del cambio climático y como el que, en mayor o menor medida, está más cómodo económicamente. El mundo en desarrollo —incluida la región latinoamericana— llegará siendo menos responsable del problema, viéndose más afectado por sus impactos y afrontando deudas financieras. Lo obvio sería que el mundo desarrollado ayude al mundo en desarrollo para que unos y otros avancen en la acción climática. Lo que ocurre en la realidad es mucho más complejo. Entre ambos se quebró la confianza.
Los incumplidos 100.000 millones
Si hoy existe una falta de confianza entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo es por una promesa que no se ha cumplido. Bajo el principio de que todos los países son responsables ante el problema, pero hay diferencias entre la mayor responsabilidad de algunos (ejemplo Estados Unidos) que la de otros (ejemplo Perú), en 2009 los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares hacia los países en desarrollo a fin de ayudarlos con sus políticas climáticas. La meta era a 2020. Aún no se cumplió.
Con el consenso del Acuerdo de París en 2015, los países desarrollados extendieron ese objetivo y se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales hasta 2025. Ese dinero aún no está. Según el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 89.600 millones de dólares fue el monto movilizado a 2021.
“Los economistas han anunciado que hay una gran chance de lograr el objetivo de los 100.000 millones de dólares para la acción climática este año”, compartió eufórico el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial celebrada en junio pasado y despertando en la comunidad internacional toda suerte de esperanzas. ¿Falsas?
“Es probable que en ocasión de la COP28 se confirme el cumplimiento de la meta de los 100.000 millones de dólares”, explica Manuel Pulgar Vidal, líder en Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), también presidente de la COP20 y arquitecto del Acuerdo de París, pero advierte:
“La meta es de 100.000 millones de dólares anuales y que debía ser cumplida desde el año 2020 hasta 2025. Estamos en 2023 y recién se confirmaría que se cumple la meta de uno de esos años, pero no hay una garantía que ello siga siendo igual”.
El punto crítico es el cumplimiento de los 100.000 millones de dólares para cada año. Aún con los años adeudados, ¿será este primer financiamiento una muestra de compromiso para empezar a recomponer la confianza entre países? La COP28 nos daría la respuesta.
La nueva meta post-2025
Con esa promesa incumplida sobre la mesa, en Dubái, los gobiernos discutirán una nueva meta cuantitativa de financiamiento posterior a 2025. “Sabemos que los 100.000 millones de dólares son un monto insuficiente para encaminar las transiciones requeridas en energía, industria, cambios de uso del suelo. Se estima que el costo real anual para ello es de, en español, 3,5 billones de dólares”, explica Pulgar Vidal, subrayando que la cifra es la traducción al español no erróneamente de billions sino de 3,5 trillions. En otras palabras: es muchísimo dinero el que se necesita. Al respecto, considera importante que se establezcan condiciones para esta meta a fin de evitar retrasos o incumplimientos.
Un ejemplo de condición sería la reforma de la arquitectura financiera internacional en pos de, por ejemplo, ayudar a los países en desarrollo para, por un lado, aliviar sus deudas financieras y, por otro, promover políticas climáticas. Una reforma que es firmemente reclamada por países de la región desde la Colombia de Gustavo Petro pasando por el —hasta ahora— gobierno argentino, hasta el Brasil de Lula da Silva. Ahora bien, a no confundir: la discusión sobre esa reforma es bienvenida como reclamo en una COP, pero no es algo que corresponda a la ya compleja agenda de la cumbre climática. Al menos, no por ahora.
El necesario mayor dinero para la adaptación
Del dinero movilizado en 2021, un 60% fue para mitigación, es decir, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. A principios de este mes, el Informe sobre la Brecha de Adaptación de Naciones Unidas mostró que los flujos de financiación pública multilateral y bilateral para la adaptación de los países en desarrollo disminuyeron un 15%, mientras que las necesidades de ese dinero superan las estimaciones hechas.
Incrementar —al menos duplicar— el financiamiento destinado a la adaptación a los impactos ya presentes del cambio climático es otro de los temas clave que se discutirán en Dubái, o que se tendrían que discutir allí, superando el hecho de que en la COP anterior quedó fuera de las discusiones formales.
Para los gobiernos de América Latina y el Caribe no es un tema menor: se estima que los costos de adaptación por año, de 2020 a 2030, se ubican en los 60.000 millones de dólares.
Los detalles a definir del fondo para pérdidas y daños
La falta de reducción de emisiones y de políticas de adaptación hicieron inevitable el aumento de las pérdidas y los daños ocasionados por los impactos del cambio climático. Ello, sumado a las promesas de financiamiento incumplidas y a una falla general del sistema financiero climático actual —que llega incluso a endeudar más a los países ya endeudados— hizo que, por primera vez, el mundo en desarrollo se una en pos de un fondo exclusivo para pérdidas y daños.
Fue en la COP27, realizada el año pasado, que consiguieron victoriosamente su establecimiento. Será en la COP28 donde se definirán los detalles para su puesta en funcionamiento. Ello no será tarea fácil.
Mientras países como Estados Unidos quieren que el fondo se aloje en el Banco Mundial, el mundo en desarrollo insiste en que sea independiente y se estructure bajo el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lo que se busca evitar es que un grupo selecto de países tomen las decisiones en función de sus intereses. A ello se sumará la discusión sobre la procedencia del dinero para “alimentar” al fondo, frente a lo cual el mundo desarrollado busca excusarse de responsabilidad, reclamando participación del sector privado y/o de otros países como China.
América Latina y África tendrán el desafío de no caer en la disputa por cuál región es más vulnerable para recibir primero el dinero —pelea que le convendría al mundo desarrollado— y seguir trabajando en conjunto para establecer esas condiciones por las cuales un país necesitado de apoyo lo reciba a tiempo.
Un dato no menor: América Latina y el Caribe es, después de Asia y el Pacífico, la segunda región del mundo más afectada por los desastres.
El financiamiento en “el control” del Acuerdo de París
La COP28 conocerá el primer Balance Global. Se trata de una suerte de inventario detallado sobre lo realizado o no por los países para cumplir con la mitigación, la adaptación y los medios de implementación. En este último aspecto entra el financiamiento.
Lo más relevante del balance serán las recomendaciones que brinde para alinear las acciones en pos de una acción climática ambiciosa y, puntualmente, para reordenar las dificultades de un financiamiento climático actual que no está cumpliendo con lo que los países en desarrollo necesitan a la luz de la crisis climática actual.
Último, pero no menos importante, el conflicto de intereses que representa que una conferencia climática esté presidida por el CEO de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber, elevará el reclamo de la sociedad civil para que los tomadores de decisión aceleren la transición energética dejando de subsidiar a los combustibles fósiles.
Todo esto sin olvidar que los países en desarrollo también deben hacer lo suyo puertas adentro. El Índice de Finanzas Sostenibles del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) muestra que los 20 países más emisores de América Latina y el Caribe asignaron 31 veces más presupuesto a actividades como la explotación de hidrocarburos que a actividades para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Cuando el dinero esté sobre la mesa, ¿a qué se destinará y cuán transparente será ese proceso?
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.
